Josué Bravo, ACAN-EFE y AFP
Nicaragua denunció ayer ante la comunidad internacional a Costa Rica por presunto incumplimiento a una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con el litigio fronterizo que los mantiene por la desembocadura del río San Juan.
La denuncia fue hecha por el representante de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello, que envió una carta a todas las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, informó ayer el gobierno.
En la carta, el gobierno acusa a Costa Rica de incumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIJ el 8 de marzo pasado y de violar “repetidamente el espacio aéreo de la zona” en disputa.
La nota agrega que Nicaragua ha cumplido “por completo” con la ordenanza de la CIJ y ha abogado por un diálogo bilateral con Costa Rica.
En la carta, Managua hace una relación de los hechos acontecidos tras las medidas cautelares dictadas por el tribunal internacional y reafirma que “no ha infringido el mandato de la Corte”.
“Por otra parte, Costa Rica ha venido violando repetidamente el espacio aéreo de la zona”, señala Argüello en la carta, en la que indica que Nicaragua “ha enviado repetidas veces protesta formal” a San José “por estos sobrevuelos que continúa haciendo dentro y fuera del territorio en disputa”.
Los expertos de Ramsar visitaron la zona el martes y fueron recibidos por manifestantes de la Juventud Sandinista que gritaron vivas a Nicaragua. Inconformes por la protesta, los costarricenses dijeron que se quejarían también ante la CIJ.
La carta de Argüello refiere que el gobierno nicaragüense había rechazado la visita de Ramsar en la zona de Harbour Head.
“Nicaragua propuso a Costa Rica que los mecanismos para entrar en la zona en disputa podrían ser discutidos en la reunión (bilateral) que se llevará a cabo el 12 de abril en Peñas Blancas”, puesto fronterizo entre ambos países.
Managua también se declara “consternada y preocupada porque las autoridades de Costa Rica han continuado haciendo declaraciones hostiles contra Nicaragua”, aún después del fallo del 8 de marzo.
En particular, anotan las “declaraciones belicistas” del ministro de Seguridad de Costa Rica, José María Tijerino.
La CIJ ordenó a las partes abstenerse de enviar o mantener en el territorio en disputa a cualquier personal que sea civil, de policía o militar.
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